Desde tiempos inmemoriales, la corrupción se ha erigido como un fenómeno consustancial a la existencia del poder, llegando a ser visto por algunos como un binomio inseparable, cuya fuerza de atracción sólo puede ser esquivada por una moral férrea y una arraigada virtud. Ante esta problemática, las sociedades modernas han tratado de establecer mecanismos destinados a combatir dicha patología. Ello a través de diferentes medios, tales como el establecimiento de contrapesos entre los poderes públicos; así como herramientas destinadas a su constreñimiento, fiscalización o castigo.
En los vaivenes de la particularmente agitada historia de España, y tras la instauración de las bases democráticas que configuran nuestra nación, la sociedad española ha atestiguado numerosos y frecuentes casos de corrupción. Algunos de ellos han destacado por su fuerte resonancia mediática, como Gürtel, los EREs, Malaya o los Pujol; sin embargo, estos no son más que la punta del iceberg, y es que la estimación del monto total según diferentes organismos ronda la no despreciable cantidad de 125.000.000.000€.
Si nos referimos a los instrumentos dirigidos a combatir la corrupción, son varias las herramientas que se articulan para ello, guardando estas una estrecha relación entre sí: en primer lugar, la prevención, entendida como aquellas herramientas que eviten o disminuyan estas conductas en origen, como la transparencia o la exigencia de rendición de cuentas; en segundo lugar, la detección, como proceso destinado a fiscalizar, detectar, y dar a conocer la conducta para su enjuiciamiento; y por último, el castigo, como la última ratio de nuestro sistema, en el cual se establece una sanción que tiene como fin evitar la reiteración.
En relación a este último nivel, nuestro Código Penal no establece un delito de corrupción per se, sino que prevé un total de 10 figuras delictivas, discerniendo tipologías como la prevaricación urbanística o administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, malversación, fraudes y exacciones legales, etc. De este modo, el poder judicial es la llave para una aplicación efectiva de estas figuras, debido a que es este el encargado de garantizar que la conducta no quede impune y pueda ser proporcionalmente compensada.
Siguiendo el hilo del párrafo anterior, una de las principales preocupaciones actuales de la ciudadanía, es precisamente la sensación de independencia judicial.
La estimación de los ciudadanos sobre el grado de vulnerabilidad o seguridad y defensa frente a la corrupción cobra especial importancia, en tanto que los electores son los que disponen de la capacidad para otorgar o retirar su confianza a los representantes políticos. Este factor es otra de las garantías últimas en la contienda contra la corrupción; pues paradójicamente los propios partidos políticos, con arreglo a su interés por continuar en el poder y desvincular la imagen del partido de las conductas deshonestas de sus miembros, cuentan también con mecanismos internos para detectar y corregir la corrupción.
El estallido de tramas y casos de corrupción en la década pasada, condujo a un inmenso incremento de la sensación de vulnerabilidad de la población, empero los mecanismos previstos por nuestro ordenamiento jurídico y el control interno, consiguieron rebajar la presión mediática y reducir la preocupación en la sociedad. No obstante, se ha experimentado un crecimiento de esta lacra en los últimos años, por lo que parece ser que los fantasmas del pasado amagan con regresar.
Se abre pues el telón para el debate social.
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